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Con la nueva normativa las empresas con concesiones para prestar servicios de transporte público no estarán sujetas al impuesto

Granollers, 27 de julio de 2017

El Congreso de los Diputados aprueba hoy el cambio normativo impulsado por la Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU), por el que las aportaciones que las administraciones públicas hacen a las empresas concesionarias de los servicios de transporte público dejarán de estar sujetos al IVA.

Una enmienda incorporada al texto de la ponencia de la Ley de Contratos de Sector Público, aprobada ya ayer y que hoy será ratificada en la Comisión de Hacienda, reconoce ahora que las aportaciones que las Administraciones Públicas hacen a las empresas concesionarias del transporte público de viajeros no están sujetas al precio y, consecuentemente, dejan de estar sujetas al IVA.   IVA Grup Mixt

La presentación de esta enmienda significa la culminación del trabajo que AMTU inició el pasado mes de febrero para cambiar una norma en base a la cual, a mediados de 2016, la Agencia Tributaria determinó que las aportaciones públicas al transporte pasaban a estar sujetas a este impuesto. De hecho, a principios de este año 2017, la Agencia Tributaria ya abrió expedientes a varias empresas concesionarias del transporte público para reclamarles el pago del 10% de IVA por las aportaciones que habían recibido de la Administración Municipal durante los ejercicios 2015 y 2016.

El presidente de AMTU, Jordi Xena, ha expresado su satisfacción, ya que con esta modificación quedar claro, a partir de ahora, que las aportaciones al transporte público quedarán exentas de IVA. Según Jordi Xena, “hay que recordar que el transporte público es un servicio básico y esencial para la ciudadanía". Sin embargo, "la prestación de este servicio por parte de las Administraciones Públicas significa una de las cargas económicas más importantes para el sector público, tanto por la Generalitat como los ayuntamientos y entidades locales asociadas, para la prestación de un servicio que contribuye, de forma clara, a la movilidad sostenible, la protección del medio ambiente, el aumento del empleo, el crecimiento económico y la igualdad entre las personas”.

Un proceso intenso para llegar al acuerdo

El director general de AMTU, Joan Prat explica que "desde el pasado mes de febrero hemos estado trabajando para que se dejara de considerar que las aportaciones al transporte público debían estar sujetas al IVA, ya que lo considerábamos totalmente injusto, y que podía afectar muy gravemente sobre todo a las arcas municipales de los ayuntamientos”.
El proceso iniciado por AMTU, que comenzó el pasado mes de febrero y que se aprueba hoy, ha sido fruto de numerosas reuniones con el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien desde un primer momento se mostró predispuesto a encontrar una solución a este conflicto. Asimismo, a partir del mes de abril la AMB también se añadió a la iniciativa, y durante el mes de mayo se mantuvieron diversos encuentros con representantes de varios grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados.

Finalmente, la propuesta de AMTU fue recogida por PDECAT, que presentó una enmienda a la Ley de Presupuestos del Estado y al Proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, que es la que se ha aprobado hoy.

Con todo, Prat ha reiterado que "aún no se ha terminado el proceso ya que hay que ver cuál será la consideración que tendrán los expedientes abiertos por los ejercicios anteriores". Sin embargo, Prat se ha mostrado optimista y cree que, "con el nuevo redactado, se podrá resolver la cuestión y llegar a un acuerdo".

Apoyo jurídico a los municipios ante la Agencia Tributaria

Paralelamente a las gestiones para llegar a un acuerdo, AMTU ha prestado, en los últimos meses, un servicio de apoyo jurídico a los municipios para poder hacer frente a las inspecciones de la Agencia Tributaria hacía a las concesionarias del servicio. Una tarea para la que se puso a disposición de los entes locales un equipo de trabajo y una línea técnica y jurídica de asesoría.

AMTU ya había alertado de que la reclamación del IVA por parte de la Agencia Tributaria suponía un grave perjuicio económico para los ayuntamientos y la ciudadanía. Si se hubiera hecho efectiva la aplicación de la nueva ley a las subvenciones el importe habría superado los 3,5 millones de euros anuales sólo sumando el conjunto de ayuntamientos asociados a AMTU.